Reformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para convertirla en una unidad de inteligencia estratégica civil, no policial, enfocada en anticipar y mitigar riesgos a la soberanía, la estabilidad institucional y la seguridad económica y tecnológica del país, incluyendo interferencias de actores extranjeros. La DIS operará con una cadena de mando clara bajo el Poder Ejecutivo y con controles democráticos, que incluyan un plan anual remitido a una comisión legislativa especial, auditorías efectivas de la Contraloría General de la República y protocolos estrictos de protección de datos, con prohibición de vigilancia masiva y de tareas operativas sin orden judicial.